Estado eficiente y ético2

La sociedad jurídicamente organizada -el Estado- constituye la mayor empresa pública del país, regulada por la Constitución y las leyes, y está gobernada por autoridades legítimas elegidas por el pueblo.

​Sería ideal que los preceptos constitucionales y legales se ejecuten y las autoridades asuman esas responsabilidades, en especial en cuanto a los derechos y garantías prescritas y las obligaciones correlativas. No hay estudios completos sobre estos temas, pero sí parciales o específicos que reposan en informes, que poco o nada conoce la opinión pública.

​Esta situación -hay que reconocerlo- no es reciente. La quiebra de numerosas empresas públicas del Estado ecuatoriano es real, y actualiza el debate sobre el papel del sector público en relación con los servicios y las demandas ciudadanas, de conformidad con la letra y el espíritu de las leyes, y algo preocupante: la inobservancia de políticas públicas orientadas a proteger los ingresos y egresos del sector público. 

​Pero si prevalece el estatismo ciego, la falta de transparencia y la deficiente preparación de los ejecutivos estatales, las puertas de la corrupción estarán abiertas y, por supuesto, las pérdidas para el erario nacional y para los ciudadanos que pagamos los impuestos.

​Valdría mencionar que aspectos sensibles como las negociaciones de la deuda externa, los contratos petroleros, la seguridad social, la influencia del narcotráfico y la defensa nacional están sometidos a las leyes, pero también a responsabilidades civiles, administrativas y penales de los ejecutivos estatales, que deben transparentar sus decisiones.

​La eficiencia del Estado debe medirse con procesos, resultados y evidencias. Se ha dicho que el gobierno electrónico es una herramienta eficaz, entre otras, pero si el manejo de los recursos estatales -que son ajenos- no se ejecuta con ética, el Estado eficiente será un mito. El secreto del éxito de las empresas públicas está en administrarlas con criterios constitucionales, legales y éticos,en privilegiar los niveles técnicos, minimizar el poder de los políticos y premiar por los buenos resultados.